La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio un plazo al gobierno de Venezuela hasta el 15 de noviembre para informar sobre el cumplimiento de una sentencia en el caso de una masacre en el penal las Flores de Catia, ocurrido en 1992.

La Corte resolvió el pasado 30 de agosto "solicitar al Estado de Venezuela que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 15 de noviembre de 2011, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento".

El 5 de julio de 2006, la Corte declaró culpable al Estado venezolano por violar los derechos a la vida y a la integridad personal, así como las garantías de protección judicial de 63 internos del penal Las Flores de Catia, donde en 1992 murieron 63 internos por presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Entre las reparaciones ordenadas están las de identificar, juzgar y sancionar "a todos los responsables de las violaciones cometidas en perjucio de las víctimas".

También ordenó la Corte la localización y entrega a sus familiares de los cuerpos de José Ayala Guadrón y Edgar Peña Marín, que se encuentran desaparecidos.

Otra de las medidas consiste en adoptar, en un plazo razonable "las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a los estándares internacionales".

En la sentencia inicial, la Corte ordena pagar los daños morales y materiales causados a las víctimas y sus familiares, así como las costas del juicio.

Con ocasión del juicio, el Estado venezolano reconoció su responsabilidad en el caso, conocido como Retén de Catia, y se comprometió a cumplir con la totalidad de la sentencia.

Sin embargo, "cinco años después, estos sucesos permanecen en absoluta impunidad, pues el Estado venezolano está en mora con respecto al cumplimiento de todos los puntos resolutivos del tribunal interamericano en el caso", señaló la organización humanitaria de Venezuela COFAVIC.

"Esta sentencia configura el único caso sobre la situación carcelaria en Venezuela que ha dictaminado la Corte Interamericana y el Estado, al incumplirla, ha perdido una extraordinaria oportunidad de mejorar las condiciones carcelarias... y acabar con las gravísimas violaciones de los derechos humanos" en esos centros de reclusión, indica el organismo.